En el otoño de 1897, el entorno del cuartel de María Cristina era un paisaje rural. Un poco más abajo de la fortificación, la finca conocida como “de la hija de la Castellana” ofrecía los servicios de un verraco suizo y chato. Las garitas orientadas al norte vigilaban prados y vaquerías. Los centinelas que miraban al sur, sin embargo, observaban un mundo más complejo: la ladera, cubierta de arboledas, casas con huertas y cuadras, se iba convirtiendo, al volverse ciudad, en un laberinto de cuestas, callejones y escaleras entre tejados, y después se abría la planicie con edificios de pretensiones racionalistas, regionalistas, señoriales y siempre eclécticas, hasta que el ensanche inacabado se unía al frente de la Ribera para mirar sobre las dársenas y las navegaciones de la bahía el fondo prehistórico de montañas y niebla.
Aunque el camino sobre el cerro tenía tradición militar, el cuartel no era muy antiguo. Se había construido en el lugar llamado Prado San Roque en 1885 para sustituir a los arruinados cuarteles de San Felipe y San Francisco. Tenía capacidad para más de mil hombres de infantería y caballería, pero la ocupación siempre había sido mucho menor. No se había llenado hasta que empezó a ser utilizado para albergar a las tropas que partían para Cuba, y tampoco había generado noticias alarmantes hasta que la prensa se vio obligada a recoger, a finales de octubre, los rumores de un motín.
Con todas las precauciones, y excusándose en la insistencia de la calle, se publicó que, al parecer, se había producido un conato de sublevación entre los mozos de reemplazo concentrados para embarcar en el vapor Colón el 5 de noviembre: “Se dice que lo hicieron a la voz de que con ellos lo hicieran los ricos”. Además, se comentaba que habían aparecido pasquines contra la guerra en los urinarios de la estación de ferrocarril y otros puntos de la ciudad. A pesar de las inquietantes reuniones de mandos militares y autoridades civiles, todas las instituciones mantenían una absoluta reserva sobre el asunto.
Los periódicos, incluso los menos sumisos a unas élites habituadas a negar sistemáticamente la existencia de conflictos sociales, temían las reacciones del ejército, cuyo prestigio estaba en evidente retroceso. Por aquel entonces, no era raro que grupos de oficiales se presentaran en las redacciones exigiendo la retirada o rectificación de cualquier crítica, por leve que fuera, amparándose en supuestas lesiones al honor de las fuerzas armadas.
Además de estos actos más o menos espontáneos, pesaba sobre el derecho a la información y la libertad de expresión el llamado “criterio institucional”, que permitía censurar cualquier noticia relacionada con lo militar: en el concepto cabían todas las arbitrariedades.
El imperio español estaba atascado en la que sería la última de las guerras de descolonización de Latinoamérica. Desde 1868, enfrentaba las sublevaciones independentistas con cambios de estrategia que alternaban la negociación con la represión. La isla estaba llena de trochas incapaces de contener a las guerrillas, campos abandonados por los desplazamientos forzados de la población (España fue pionera en los campos de [re]concentración), ingenios azucareros saboteados y soldados coloniales sin voluntad de victoria, enfermos y hambrientos (apenas una sexta parte de las bajas se debía a los combates), dirigidos de un modo errático y utilizados como mano de obra gratuita para mantener las plantaciones (muchos mandos y funcionarios cobraban por ello).
El reclutamiento no gozaba del aprecio popular; el patriotismo, valor que se proclamaba universal, se ejercía con desigualdad. Ir a la guerra era cosa de pobres. El servicio militar podía evitarse mediante pagos en metálico o presentando un sustituto. Duraba doce años, con un mínimo de tres en servicio activo. La consigna “Que vayan también los ricos” era frecuente.
La prensa santanderina de mayor difusión era más dada a la autocensura y menos diversa que los medios estatales, pero, además, entraban en juego otros factores que la obligaban a tocar el tema y minimizar el incidente. Tenía que defender el prestigio y la condición de plaza militar de la ciudad. El aumento de la guarnición permanente era una vieja reivindicación. Desde las guerras carlistas (la última acabó en 1876), existía el temor en la ciudad a quedar desguarnecida. Además, recientes planes de convertir el cuartel del Alta en hospital habían sido muy contestados. Y contaba también la rivalidad con Santoña, que se postulaba como mejor defendida; los santanderinos veían como una amenaza cualquier atisbo de cesión de capitalidad.
Así, tras la confirmación del rumor, los principales periódicos y las fuerzas vivas emprendieron una campaña que reducía los hechos a un momento de indisciplina irrelevante propio de reclutas aún no adoctrinados, alcoholizados y acostumbrados -afirmaba de forma algo sorprendente El Cantábrico– a no respetar a las autoridades de sus pueblos. Se trataba de una bronca infantil provocada cuando algunos habían pretendido prolongar las horas de paseo. Ante el rechazo de los oficiales, los soldados habían protestado tirando al aire las almohadas de las literas. Nada de sublevación, ni motín, ni exigencias de igualdad, ni siquiera algarada: una tontería corregida de inmediato que no debía tener consecuencias
Pero, por si surgía alguna duda -y de un modo un tanto contradictorio-, se remarcaba la inocencia de los cántabros. Los casi amotinados eran “vascongados y navarros”, es decir, procedían de las provincias que habían perdido el derecho foral a no sufrir las levas. En Cataluña, Navarra y País Vasco no había existido reclutamiento forzoso hasta 1.878. A las consideraciones de clase, se unía en las “provincias díscolas” la oposición histórica e identitaria al servicio militar.
Cuando fuentes locales (La Voz Cántabra) y estatales empezaron a hablar abiertamente de motín con contenidos reivindicativos (y, según las tendencias, culparon a los socialistas y republicanos, justificaron en mayor o menor medida a los alborotadores o exigieron mano dura), la Liga de Contribuyentes, la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento manifestaron solemnemente su preocupación por las consecuencias de una valoración excesiva del incidente y enviaron mensajes al Gobierno para afirmar la lealtad y disponibilidad de la ciudad.
No obstante, mientras se publicaban unas supuestas declaraciones de oficiales en las que ratificaban que entre los promotores de la protesta no había reclutas “de la zona” santanderina y se felicitaba a la población por la lealtad de sus vástagos (“son un dechado de subordinación y se sienten orgullosos de mandar tales soldados”), se supo que los 257 reclutas foráneos (esperaban la partida 468) habían sido trasladados a Santoña y que el Alto Mando no era partidario de mantener las agrupaciones en Santander para no verse obligado a aumentar la guarnición en previsión de nuevas insubordinaciones. Por otra parte, la dotación de la Guardia Civil había sido reforzada con 90 hombres traídos de la provincia, lo cual hacía sospechar que el incidente había despertado más temores de los divulgados. Las paradojas seguían aflorando, pero el tiempo jugaba a favor del orden.
El día 5, según lo previsto, se produjo el embarque. Llegaron en tren los acuartelados de Santoña, se unieron a los demás y no se produjeron altercados. El Ayuntamiento obsequió a cada soldado con café, un panecillo y dos cajetillas de cigarrillos.
El día 8, con las aguas calmadas por la distancia, El Correo de Cantabria publicó un artículo, titulado “Cargas sobre Santander” con una lista de quejas que detallaba el sentimiento de agravio.
Sin embargo, los acontecimientos, en pocos meses, resolvieron el tibio debate confirmando tanto el desastre como la injusticia: los ricos repatriaron sus capitales y los pobres lloraron a sus caídos. España salió de Cuba en agosto de 1898. Antes, otras noticias dispersas prefiguraban el desenlace. En enero, como un involuntario sarcasmo y un mal presagio para el porvenir de miles de personas, las capitanías generales prohibieron a los soldados repatriados que implorasen la caridad pública.
